Jueves 26 de diciembre de 2024
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, alertó el viernes sobre un alarmante aumento de las amenazas dirigidas a funcionarios públicos, calificandolo de “profundamente preocupante”. Este pronunciamiento tuvo lugar en vísperas del tercer aniversario del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, perpetrado por seguidores de Donald Trump, quien figura como favorito para la nominación presidencial republicana en las elecciones de noviembre.
“Amenazas de violencia como estas son inaceptables”, expresó Garland ante los medios. El fiscal general, también secretario de Justicia, destacó que estas amenazas constituyen una amenaza directa a la estructura de la democracia estadounidense.
Según Garland, se ha observado un “preocupante repunte” en las amenazas hacia aquellos que prestan servicio público en los últimos meses de 2023. El Departamento de Justicia ha llevado a cabo investigaciones y acusaciones contra individuos que profirieron amenazas violentas dirigidas a agentes del FBI, jueces federales, incluyendo uno de la Corte Suprema, candidatos presidenciales, congresistas, miembros de las fuerzas armadas y trabajadores electorales.
“Esta semana, se han reportado diversas amenazas de bomba contra tribunales en todo el país”, señaló Garland, destacando el arresto de una persona acusada de amenazar de muerte a un congresista y a sus hijos el jueves pasado.
El fiscal general subrayó que estos incidentes son solo una muestra de una tendencia más amplia, que incluye amenazas de violencia hacia aquellos que administran elecciones, garantizan la seguridad en los viajes, educan a los niños, informan noticias, representan a los votantes y mantienen la seguridad en las comunidades.
Refiriéndose al tercer aniversario del asalto al Capitolio, Garland lo describió como un “ataque sin precedentes” contra la piedra angular del sistema de gobierno: el traspaso pacífico del poder de una administración a la siguiente. Informó que más de 1,250 personas han sido acusadas en relación con el ataque del 6 de enero al Congreso, y más de 890 han sido condenadas.
“El Departamento de Justicia garantizará que todos los responsables del 6 de enero, en cualquier nivel, rindan cuentas ante la ley, ya sea que estuvieran presentes ese día o fueran penalmente responsables de alguna otra manera”, enfatizó Garland
